Resoluciones de desobediencia a la autoridad y el poder de la justicia penal en el Juzgado Penal de Pasco, 2020

Abstract

El delito de desobediencia a la autoridad se produce cuando la persona consciente, intencionalmente se niega a obedecer el mandato de la autoridad. Las personas que desobedecen a la autoridad desempeñan un cargo pertinente cumpliendo sus funciones de acuerdo con las órdenes de la Constitución Política del Estado y las leyes ordinarias y extraordinarias. El delito de desobediencia a la autoridad es el no acatamiento a las órdenes del superior jerárquico; incumplen las órdenes legales, están contemplados en el código penal, forma parte de los delitos contra el orden público. Las condiciones objetivas para que se identifica y tipifica el delito de desobediencia a la autoridad en nuestro medio y la realidad jurisdiccional combina las particularidades cotidianas dentro del mandato jurídico del Estado. La orden de una autoridad competente en una institución jurídica implica la existencia de un mandato directo, donde el infractor tiene que acatar las órdenes dictadas por la autoridad y sus agentes cumpliendo sus obligaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Legislación. Toda orden de autoridad impone una acción concreta, disponiendo hacer cumplir los contenidos reales, formales y legales para su estricto cumplimiento en el ámbito jurisdiccional, atendiendo a las personas. Las órdenes de las autoridades en la jurisdicción de las instituciones públicas del Estado tienen la orden de imponer o no una acción concreta, disponiendo hacer o no hacer el contenido que se debe ejecutar. Se debe notificar a la persona que debe cumplir sus funciones, teniendo en cuenta el destinatario de la orden para el pleno conocimiento y cumplimiento como infractor de la comisión del delito penal. Los aspectos negativos pueden expresar explícitamente, acatando las órdenes de cumplimiento sin ignorar el acuerdo del grado de desobediencia con la condición de cumplir la sanción identificado por el Juez de acuerdo con la gravedad del caso. Son castigados los desobedientes a la autoridad con una pena de prisión preventiva, cárcel o multa de acuerdo con las comisiones, consignado en el artículo del código por la resistencia o desobediencia ante la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones, desarrollando las actividades de seguridad en cooperación con el mando de las fuerzas del orden y los cuerpos de seguridad. El delito de desobediencia o resistencia a la autoridad está regulado en el artículo 368° del Código Penal. El que desobedece o resiste la orden legal, impartida por el funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, quien será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años. La modalidad del delito en hermenéutica jurídica se configura cuando el agente dolosamente se revela, insubordina o desobedece la orden impartida por el funcionario público en el ejercicio normal de sus atribuciones, disponiendo que se muestra en la conducta. La desobediencia a la autoridad es la rebeldía u oposición abierta, hostil y maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y resuelta al cumplimiento de un mandato u orden en curso de ejecución expreso y personal de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Los alcances y estrategias del acceso al poder de la justicia se encuentran en las instituciones jurídicas que imparten justicia como la jurisdicción judicial de acuerdo con las normas del Estado. Los jueces consideran a los abogados para que brinden asesoría a las personas que requieren defensa, la justicia está vinculada con la categoría de igualdad en una sociedad democrática y liberal desde la aplicación del principio de legalidad. El acceso a la justicia como parte de la democracia y como expresión sustantiva de la igualdad ante la ley permite discutir las estrategias de políticas públicas en el contexto social promoviendo el acceso a la justicia. La Igualdad ante la ley comprende los derechos y la justicia. El postulado de igualdad ante la ley es el principio más significativo para las sociedades liberales modernas. La ley es aplicada a toda la ciudadanía por los magistrados y los tribunales de la justicia, considerando los derechos y obligaciones en la defensa de los derechos de la sociedad. Las reformas del Poder Judicial y las normas que regulan el desarrollo de los procesos judiciales promueven mejorar el acceso a la justicia de la comunidad jurídica protegiendo los derechos humanos con disposición expresa de la Constitución y las leyes especiales del Estado. La obligación de asegurar un derecho efectivo de acceso a los tribunales de justicia está comprendida en los deberes de la sociedad. El principio del poder de la justicia en una sociedad democrática requiere los servicios jurídicos a disposición para procurar la defensa. Las mujeres y los varones se encuentran frente al orden jurídico de las causas penales. Las decisiones tomadas ante situaciones diversas afectan las vidas de las personas por ser ciudadanos del Estado en que viven; adquieren propiedades, las ocupan, las pierden; forman parejas, tienen hijos, conviven o se separan de ellos; habitan su comunidad; son víctimas de situaciones de violencia; emprenden negocios o toman riesgos. El acceso al poder de la justicia incluye el acceso al sistema judicial o al mecanismo institucional competente atendiendo el reclamo; el acceso a un buen servicio de justicia, brindando un pronunciamiento judicial o administrativo justo en un tiempo prudencial con conocimiento de derechos de los ciudadanos y los medios para ejercerlos. El acceso al poder de la justicia se relaciona con los derechos reconocidos en instituciones internacionales de los derechos humanos como el derecho a la tutela judicial, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la igualdad, que tienen por objeto garantizar el acceso a un órgano jurisdiccional predeterminado, independiente e imparcial mediante el proceso que respete las garantías procesales.